I did not have sexual relations with that woman

Las palabras, irremediablemente, encierran nuestros actos y su enjuiciamento posterior. Esta máxima, que siempre tuve presente, tomó cuerpo de axioma de la conducta humana cuando me informé con detalle del caso conocido como el “escándalo Lewinsky”. A pesar de que los hechos son conocidos mundialmente (pero no por todos mis alumnos, la mayoría nacidos en 1990), la evolución judicial que tomó el asunto es desconocida, a grandes rasgos, por el público europeo.
En primer lugar, se debe destacar que el modelo presidencialista de los Estados Unidos es distinto a los sistemas políticos europeos. Mientras que en nuestros países, a excepción de Francia, los gobiernos necesitan del apoyo parlamentario para gobernar y pueden ser censurados por el legislativo en virtud de razones políticas, en EUA el Presidente detenta el poder sin necesidad de la confianza del Congreso. De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo determinó que el impeachment, la destitución del presidente por decisión del Senado, no podía fundarse en motivos políticos. Es decir, Bill Clinton no estuvo a punto de ser revocado de su cargo por su conducta personal, por haber mentido públicamente o por haber perdido la confianza de los representantes del pueblo. Se procedió contra su persona por haber cometido perjurio, por haber mentido a un juez, por haber delinquido. ¿Pero Clinton mintió...?
La frase que encabeza este post corresponde a una conferencia de prensa que Bill Clinton hizo para limpiar su imagen ante las acusaciones que lo relacionaban con Monica Lewinsky. No obstante, había sostenido una afirmación similar en su declaración ante un juez federal que debía resolver la demanda interpuesta por Paula Jones por su despido improcedente. Fue en este proceso, anterior a que se conociesen las pruebas sobre el comportamiento privado del presidente con la becaria, cuando, en teoría, Bill Clinton cometió el perjurio. Sin embargo, antes de que Bill Clinton testificase, sus abogados y los de la acusación discutieron largamente sobre la definición jurídica de “relación sexual”. (Los detalles jurídicos en: http://www.huppi.com/kangaroo/L-clintonjonesperjury.html). Al final del debate, la acusación aceptó involuntariamente una definición ambigua y contradictoria, ya que se sostenía que hacer una felación sí implicaba mantener una relación sexual, mientras que recibirla no. A partir de este supuesto, Bill Clinton pudo dar su testimonio sin miedo de cometer perjurio.
No obstante, cuando hubo pruebas irrefutables sobres los devaneos sexuales del Bill Clinton y Monica Lewinsky, el fiscal Kenneth Starr entendió que Bill Clinton sí había cometido perjurio y, por tanto, había cometido un crimen. Razón que motivaría un impeachment. Los republicanos saltaron de alegría y prepararon un circo mediático para humillar, con razón, a su adversario político. Desafortunadamente para sus altas expectativas iniciales, sus señorías masculinas pronto se percataron del transcurso que tomarían los debates públicos en el Senado: ¿Una felación supone mantener relaciones sexuales? Toda la administración Clinton dependía de la interpretación que los representantes de los 50 Estados de la Unión diesen a tan elevado dilema.
Obviamente, la sensación de bochorno se generalizó a los pocos días y todos los senadores desearon olvidarse del asunto cuanto antes, porque les resultaba difícil discurrir sobre esta problemática con seriedad y aplomo. Además, distintas encuestas que se hicieron al respecto mostraron las opiniones divididas del público norteamericano. No había ninguna mayoría clara en ningún sentido.
Esta divertida anécdota judicial y política es, empero, profundamente triste. No sólo por todo el machismo inherente, sino porque demuestra también cómo el discurso de la moralidad pública y sus virtudes discurre con un lenguaje vació que, todos aceptamos, es inservible para juzgar, tanto penal como moralmente, nuestros comportamientos privados. La Ley se construye con palabras y éstas deben estar perfiladas de forma unívoca y ser fácilmente reconocibles por la sociedad. Estas últimas semanas, la controversia sobre el ejercicio del sexo remunerado en la vía pública ha sido agitada por los medios de comunicación patrio. Todo el mundo ha usado palabras para calificar y dar una imagen vívida del fenómeno. El fenómeno, de este modo, es cómodamente soterrado por un lenguaje de absolutos que nos permite un fácil posicionamiento moral. Se preserva la moralidad pública con un lenguaje grandilocuente, se insta al Estado a ayudar a las víctimas y, de este modo, esperamos que con los recursos del Estado se resuelva el problema. Ya no es nuestro problema colectivo, es problema de la autoridad pública.
Sería valiente que, como sociedad, decidiésemos dar respuesta legal al fenómeno, pero antes de entrar en la discusión jurídica, también sería útil saber qué valor y significado damos a las palabras que escribiremos sobre el código penal. Pero estas discusiones no se pueden hacer en el Senado o en la Academia, se deben mantener en la calle.

No diga subida de impuestos, diga ajuste fiscal.

La presión fiscal en España está por debajo de la media de la Unión Europea. Los tipos máximos y su progresividad, así como su porcentaje respecto al total del PIB son, en cierta medida, considerablemente inferiores en comparación con la mayoría de los países comprendidos en la zona Euro.
Por lo tanto, no sería correcto hablar de una subida impositiva, porque, a pesar de su aumento, comparativamente serán bajos. En consecuencia, el Gobierno debería siempre emplear la expresión: ajuste fiscal.
Asimismo, la modificación en el impuesto del IRPF no se ha anunciado como una medida universal, es decir, habrá tramos que no se verán modificados: no experimentarán aumento alguno. Por otro lado, impuestos como el de patrimonio y el de sociedades se han suprimido o reducido.
Por todo esto, el Gobierno, si tuviese algún asesor de comunicación medianamente competente, debería por sistema rechazar entrar en un debate sobre la futura subida de impuestos. Debería insistir en que se está produciendo un ajuste fiscal para lograr un reparto de las cargas impositivas, más ecuánime, proporcionado, justo y eficiente.