FALACIAS JURÍDICAS Y POSTMODERNIDAD

Hace ya muchos años, Richard J. Evans en su LYING ABOUT HITLER comparaba la metodología de trabajo de la comunidad académica formada por historiadores con las prácticas y argumentaciones de carácter jurídico que se emplean en los tribunales para demostrar la culpabilidad de los acusados. Asimismo, Allan Sokal lleva años insistiendo que el método científico y su aplicación en las disciplinas altamente cuantitativas no difiere sustancialmente de un dialogo racional sostenido en la esfera pública. Por lo tanto, la certidumbre y confianza que nos merece el sistema judicial debería ser la misma certidumbre y confianza que las llamadas ciencias exactas y sociales deberían despertar porque ambas instituciones dependen de las personas que las integran, de su autoexigencia y honestidad, así como de los resultados que producen.
Por esta razón, Sokal ha intentado alertar que debilitar el rigor y los criterios de falsación y refutación en las disciplinas científicas, especialmente las de carácter social, no produciría el efecto liberalizador de terminar con la dictadura del tecnócrata y el especialista, sino que traería como último resultado el empobrecimiento del debate público y los argumentos que lo conforman.
En ese sentido, la reciente experiencia del jurado popular sufrida en Valencia es paradigmática. Independientemente de los intereses espurios que han conducido a cinco conciudadanos a la desvergüenza más obscena, el punto que aquí interesa es el fundamento jurídico de su veredicto, que es el mismo argumento empleado por la defensa y, por ejemplo, por el director del periódico “Las Provincias” para defender a Francisco Camps. Éste es el siguiente:

“No hay prueba documental que demuestre que Camps no haya pagado los trajes”

Evidentemente, es imposible que exista prueba documental alguna de algo qué no pasó. Si existiese prueba documental de un hecho no cierto, se trataría de documentación falsificada que intenta probar una mentira. De hecho, hay pruebas documentales y testimonios del intento de construir pruebas falsas para demostrar que Camps pagó los trajes.
Del mismo modo, el director del periódico “Las Provincias” argumentó en Informe Semanal el pasado sábado que la fiscalía no había probado que Camps no se pagara los trajes y, como vivíamos en un Estado de Derecho, era la fiscalía quien debía probar la culpabilidad de Camps y no éste su inocencia. Esto es, nuevamente, otro sofisma. La fiscalía probó que Orange Market y los miembros de la trama Gürtel pagaron los trajes, ergo sequietur, que Camps no pagó los trajes. También probó que Camps los había aceptado y, por tanto, cometido el delito de cohecho pasivo impropio.
Son estas las premisas que, a día de hoy, hacen que todos esperemos un veredicto más racional de magistrados profesionales, porque, se entiende, la refutación de argumentos mediante procesos lógicos de exclusión es una mecanismo intelectual familiar para ellos y no pueden caer en sofismas tan groseros como los componentes de un jurado popular influenciables por los egoístas y los ignorantes. Sin embargo, podríamos interrogarnos sin esperar obtener una certeza irrefutable si existe correlación entre mala ciencia y mala justicia.